Ahora retomaremos un tema el cual se ha hecho conocido por gran parte de la sociedad mexicana y por diversos organismos nacionales e internacionales, lamentablemente no por las razones que deberían ser. Hablamos de el caso de la indígena Otomí, Jacinta Francisco Marcial.
Aquí la noticia publicada por el Grupo Editorial Milenio actualizada el día 18 de septiembre del 2009
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, debido a que presuntamente se utilizaron testimonios "de oídas" contra tres mujeres acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI.
En un comunicado, la CNDH consideró que en los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron vulneradas sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público Federal.
El organismo destacó que las irregularidades graves pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el Juzgado 4 de Distrito en el estado de Querétaro.
La recomendación solicita a Medina Mora, que dé vista al órgano Interno de Control de la dependencia a su cargo y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, para que investigue al personal involucrado e inicie una averiguación previa.
Además, se solicitó que sea remitida al juzgado que conoce de la causa penal una copia de la recomendación, para su análisis y consideración al momento de dictar sentencia definitiva.
Fuente: www.milenio.com
A continuación haremos una recopilación de información que nos permita conocer las actividades y/o los recursos que algunos organismos internacionales o internacionales han empleado para tratar de aclarar y solucionar el caso de Jacinta.
Aquí el reporte oficial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al Lic. Eduardo Medina Mora Icaza Procurador General De La República
http://www.cndh.org.mx/recomen/2009/047.html
Luis Arraiga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que con la excarcelación de Jacinta Francisco Marcial, indígena acusada de secuestro, significa un acto de justicia pero no debe olvidarse la sanción a los funcionarios públicos responsables de este hecho.
Indicó que tampoco se ha mencionado cómo se reparará el daño.
"Quedan cuestiones pendientes como la sanción a los responsables de haber tenido a Jacinta injustamente presa durante tres años, es decir, cómo se le va a reparar el daño. También queda pendiente cómo el Estado mexicano, como PGR, va a garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir", indicó.
El defensor de los derechos humanos resaltó que la decisión es un acto de justicia y no de generosidad del gobierno mexicano.
Dijo que también implica el reconocimiento de la inocencia de Jacinta y que el proceso ha estado viciado de origen, con lo que se confirma "lo que hemos dicho desde que asumimos la defensa, que es inocente".
"Vemos con preocupación que pese a este reconocimiento Jacinta permanezca en la cárcel y tenga que esperar hasta que el 14 de septiembre se desahoguen los nuevos careos procesales en donde esperamos que los agentes de la AFI se presenten. Tendría poco sentido la decisión de la PGR si no hay una respuesta eficiente para que se implementen los mecanismos para su inmediata excarcelación", expresó.
Organización Amnistía Internacional (AI)
Amnistía Internacional (AI) celebró este jueves la liberación de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, y llamó a las autoridades mexicanas a revisar completamente su proceso, "para que reciba compensación por los tres años de prisión injusta y equivocada"' . El organismo consideró que la revisión debe incluir el caso de las otras acusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes también fueron acusadas por el secuestro de seis agentes federales junto con Jacinta y esperan el veredicto del juez en su caso. En un comunicado, el organismo que adoptó a Jacinta como presa de conciencia, destacó que la indígena y su familia perdieron tres años de su vida mientras estaba en prisión por un delito que no cometió.
"Como Jacinta misma nos dijo, nada recuperará los tres años que perdió, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada", manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de AI.
En el comunicado, destacó que el gobierno mexicano "finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y sentencia de 21 años a Jacinta por secuestro" El organismo internacional afirmó que era inevitable la decisión del juez que liberó a Jacinta ante la falta de evidencia, e insistió en la revisión del caso.
"En vista de las graves preocupaciones sobre la investigación y proceso originales, Amnistía Internacional llama a una revisión completa e imparcial sobre los sucesos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro".
El director de AI en México, Alberto Herrera, dijo que el caso de Marcial es "un emblema de cómo funciona el sistema de impartición de justicia", en el que se procesa a indígenas "por motivos de conciencia e identidad".
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se congratuló con la decisión de la PGR y señaló que el caso de Jacinta es "paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia, sobre todo cuando se conjugan condiciones como ser indígena y pobre; ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática".
La OACNUDH se reúne con la indígena Otomí Jacinta Francisco Marcial
Difudusión Cencos México D.F., 11 de septiembre de 2009
Comunicado de prensa
OACNUDH
El Representante en México de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, visitó en el CERESO Femenil de San José el Alto a la señora Jacinta Francisco Marcial, indígena de origen ñhä-ñhú (otomí), detenida desde el 3 de agosto de 2006, quien fue acusada de participar en la privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El caso de señora Jacinta evidencia las dificultades que representa para las mujeres indígenas acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como el derecho a contar con un perito traductor, a que se respete su presunción de
inocencia, y a no ser sometido a una indebida dilación en el proceso, entre otros. Asimismo, muestra los efectos negativos que implica utilizar el sistema penal como instrumento para resolver conflictos sociales.
En ese sentido, la Oficina expresa su preocupación por que el sistema penal pueda generar patrones de discriminación que tienen especial impacto en la población indígena, particularmente en las mujeres. En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México se señaló que “precisamente en el campo de la procuración y administración de justicia se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos.”
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